Ley de Montes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

Hoy voy a dedicar mi entrada a una de esas cosas que, funcionando bien durante siglos y siglos, pretende regular de la noche a la mañana el gobierno de nuestra demarcación autonómica. Se trata de la Ley de Montes que, aunque fue aprobada el año pasado con los únicos votos del PP y la oposición social de los vecinos afectados, especialmente de los de la Sierra de Pinares de Burgos y Soria, todavía está dando de qué hablar. Los vecinos afectados han presentado en Quintanar de la Sierra y en Covaleda la Coordinadora de Montes Vecinales para servir de hilo conductor a las reivindicaciones de los asociados en los asuntos relacionados con la defensa de los montes, las tradiciones culturales, sus derechos como vecinos, y sus intereses económicos como propietarios de los montes situados en sus localidades.

Esta ley que sustituye a las estatales de 1957, 2003 y 2006 pretende, en resumidas cuentas, la intervención de la junta vallisoletana en la gestión de los montes de toda la autonomía. La mayor queja de los vecinos es que esta ley regula muchos aspectos en los cuales la junta se proclama como único gestor sustituyendo a los vecinos que hasta ahora habían administrado los montes bajo su criterio con la limitación de las leyes estatales remontándonos incluso a privilegios concedidos en el siglo XVIII. El PP se ha defendido diciendo que el PSOE está utilizando este tema como labor de desgaste hacia su partido y creando discordia con un asunto de vital importancia entre los vecinos afectados pero en realidad la oposición a esta ley en esta comarca es ampliamente mayoritaria y la prueba son las 14.000 firmas que se recogieron pidiendo su retirada.

Hasta ahora los dueños del monte, es decir, los ayuntamientos que poseían explotaciones forestales, habían gestionado magníficamente esta gran mancha verde y gracias a ello se ha preservado un ecosistema único en España que no solo genera riqueza paisajística y económica sino que también contribuye a actuar de pulmón natural ya que los bosques absorven una cantidad de CO₂ nada despreciable, unas 95.000 toneladas al año según la Fundación Gas Natural. No en vano desde hace años se viene llamando Costa del Oxígeno.

Con la nueva ley se abre la puerta a un futuro incierto. El gobierno autonómico interviene directamente en la explotación maderera u otros recursos (extracción de piedra arenisca, turismo,...), regula los aprovechamientos o las llamadas "suertes de pinos" que se reparten entre los vecinos, en definitiva, muchos aspectos en los que las leyes estatales no entraban ahora la junta los regula segun su criterio y muchas veces sin ni siquiera consultar a los afectados. Una ley muy articulada que dice bien claro quien gestiona el monte.

Desde la Coordinadora de Montes Vecinales lo tienen claro. Su presidencia ha manifestado que «alguien tiene que decir a estos señores que el monte tiene dueño, que somos los vecinos, y que lo que están intentando plantear se encontrará con la oposición frontal de muchas generaciones de serranos y pinariegos. No admitimos privatizaciones encubiertas de la madera, ni de las setas, la caza o cualquier otro recurso renovable o no renovable que han sido mantenidos durante siglos por los habitantes de estas tierras para ahora venir a disponer de ellos la administración vallisoletana sin pedir permiso».

Curioso paralelismo entre las cajas de ahorro y los montes burgaleses y sorianos que, en el primer tema pretendían ser gestionadas desde una provincia que no tiene entidades bancarias y en el segundo van a ser administrados desde la única provincia española que no tiene montaña. ¿Quien cuidará de los montes de la junta?