sábado, 23 de enero de 2010

Castilla la Vieja en el siglo XXI

El tema que afronto hoy es difícil porque dentro del discurso identitario cada uno tiene su opinión pero vaya por delante que la finalidad de este blog es la de intentar ubicar a Burgos en el sitio que le pertenece aprovechando las bondades del régimen autonómico votado favorablemente en nuestra provincia en el referéndum constitucional de 1978. Para que quede claro de antemano, yo nunca reconocí la autonomía de Castilla-León o Castilla y León. Y estas son mis razones:


1- El nombre de la comunidad autónoma es en si mismo un asunto de discrepancias ya que en un principio se denominó Castilla-León y, tras la protesta de sectores leonesistas se cambió introduciendo la conjunción copulativa "Y" diferenciando de este modo a los dos territorios que la componían, dando como resultado "Castilla y León". A modo personal, todavía esta denominación es inexacta pues lo verdaderamente correcto hubiese sido llamarla "Castilla la Vieja y León", que son en verdad las regiones que se unían.



2- La comunidad autónoma de Castilla y León es el territorio español donde menos se aprecia la descentralización que el estado pretendía hace más de tres décadas ya que su tamaño, número de provincias, diversidad de elementos socio-económicos, lenguas, distancia entre capitales y ubicación de instituciones no permiten su cohesión ni identificación alguna comparable con el resto de comunidades.



3- Castilla es la tierra a la que pertenecemos puesto que somos y nos llamamos castellanos desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, teniendo en cuenta lo expuesto en el punto anterior y revisando la historia de España, pienso que el concepto de Castilla no tiene cabida en el sistema autonómico porque se trata de algo superior que no se puede limitar ni a una provincia, ni a nueve ni a diecisiete.



4- Castilla la Vieja es al mismo tiempo región de Castilla y región histórica española y, por tanto y en base al artículo 143.1 de la Constitución tiene derecho a la autonomía como cualquier otra entidad regional histórica.




5- A Castilla la Vieja no se la entiende sin Santander ni Logroño pero si sin Palencia ni Valladolid, o al menos en parte, puesto que las fronteras de dicha región no coinciden históricamente en exactitud con la de estas dos provincias. Por otra parte al estado no le tembló la mano a la hora de renombrar y segregar a Cantabria y La Rioja e incorporar con la misma fuerza a Segovia dentro de Castilla-León. La democracia de la constitución llegó de forma asímétrica para unos y para otros. Sin embargo y pese a las embestidas del régimen autonómico yo no renuncio a mi identidad castellana ni a mi pertenencia a Castilla la Vieja como sí han hecho otras provincias.


6- La Junta de Castilla y León ha secuestrado la historia y simbología que, en primer lugar relacionaba a sus nueve provincias con la Corona de Castilla (comprendida por los reinos de Castilla, de León, ...) y más tarde con el Reino de España. Ni el reino de León ni mucho menos el de Castilla referidos en el estatuto se limitan históricamente a las fronteras de la comunidad autónoma. Por historia tienen tanto derecho a enarbolar un pendón de Castilla y León el 23 de abril en Villalar de los Comuneros un burgalés como un cacereño o un jienense.


7- Antes del debate autonómico, al cual se nos obligó a entrar en la segunda mitad de los setenta, en Burgos se desconocía el concepto de Castilla-León fuera de las bibliotecas (aunque tampoco el de autonomía y descentralización) y el sentimiento castellano-leonés era (¿es?) inexistente. Sin embargo y dentro de lo que llamábamos regiones españolas, un burgalés respondía pertenecer a Castilla la Vieja y sabía diferenciar a dicho nivel tanto entre Castilla la Vieja y León como entre Castilla la Vieja y Aragón. Por otra parte y de forma más tardía, los burgaleses de Burgos capital pedían ser la Cabeza de Castilla cayendo en la trampa de pedir la capitalidad de una autonomía inexistente (Castilla) mientras Valladolid y Madrid construían los engranajes de una comunidad hecha a sus medidas.


8- El hecho de que un burgalés votase hace 30 años a la UCD o vote hoy al PP o PSOE no implica que esté autorizando o no su pertenencia a Castilla y León. Está escogiendo a unos representantes que se adaptan a su manera de pensar dentro de una comunidad en la que el sentimiento autonómico y regional son escasos y que necesitan, como otras, del incentivo de unas elecciones municipales para empujar el voto. Además no existe ningun partido que defienda los derechos e intereses de nuestra provincia de manera diferenciada así como su identidad castellana, al menos hasta las elecciones de 2007. Aun así, la presencia crónica de dos o tres procuradores leonesistas enmedio del bipartidismo da cuenta de la existencia de personas en la comunidad que renuncian a su ubicación izquierda-derecha para llevar con el voto su protesta al hemiciclo castellano y leonés; en ninguna comunidad autónoma existe representación de un partido que niegue su pertenencia al territorio adscrito salvo en las Cortes de Castilla y León .





9- El peor agravio comparativo el de que a los burgaleses no se nos pidió la opinión de pertenecer o no a Castilla-León vía referéndum como si ocurrió en otras autonomías. Por tanto es algo impuesto y, repito, la democracia llegó de forma asimétrica a nuestro pais.






¿Que es lo que le convendría a la provincia de Burgos? ¿La actual autonomía? ¿Separarse de las provincias leonesas volviendo a pertenecer a Castilla la Vieja? ¿Una autonomía uniprovincial? ¿O acaso rechazar todo tipo de autonomía?. Sin duda y con la constitución en la mano lo peor es la última opción. El experimento castellano-leonés va camino del fracaso. No cometamos el error de nuevo de cerrar los ojos ante un hipotético debate autonómico.

domingo, 3 de enero de 2010

Ley de Montes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León


Hoy voy a dedicar mi entrada a una de esas cosas que, funcionando bien durante siglos y siglos, pretende regular de la noche a la mañana el gobierno de nuestra demarcación autonómica. Se trata de la Ley de Montes que, aunque fue aprobada el año pasado con los únicos votos del PP y la oposición social de los vecinos afectados, especialmente de los de la Sierra de Pinares de Burgos y Soria, todavía está dando de qué hablar. Los vecinos afectados han presentado en Quintanar de la Sierra y en Covaleda la Coordinadora de Montes Vecinales para servir de hilo conductor a las reivindicaciones de los asociados en los asuntos relacionados con la defensa de los montes, las tradiciones culturales, sus derechos como vecinos, y sus intereses económicos como propietarios de los montes situados en sus localidades.

Esta ley que sustituye a las estatales de 1957, 2003 y 2006 pretende, en resumidas cuentas, la intervención de la junta vallisoletana en la gestión de los montes de toda la autonomía. La mayor queja de los vecinos es que esta ley regula muchos aspectos en los cuales la junta se proclama como único gestor sustituyendo a los vecinos que hasta ahora habían administrado los montes bajo su criterio con la limitación de las leyes estatales remontándonos incluso a privilegios concedidos en el siglo XVIII. El PP se ha defendido diciendo que el PSOE está utilizando este tema como labor de desgaste hacia su partido y creando discordia con un asunto de vital importancia entre los vecinos afectados pero en realidad la oposición a esta ley en esta comarca es ampliamente mayoritaria y la prueba son las 14.000 firmas que se recogieron pidiendo su retirada.

Hasta ahora los dueños del monte, es decir, los ayuntamientos que poseían explotaciones forestales, habían gestionado magníficamente esta gran mancha verde y gracias a ello se ha preservado un ecosistema único en España que no solo genera riqueza paisajística y económica sino que también contribuye a actuar de pulmón natural ya que los bosques absorven una cantidad de CO2 nada despreciable, unas 95.000 toneladas al año según la Fundación Gas Natural. No en vano desde hace años se viene llamando Costa del Oxígeno.

Con la nueva ley se abre la puerta a un futuro incierto. El gobierno autonómico interviene directamente en la explotación maderera u otros recursos (extracción de piedra arenisca, turismo,...), regula los aprovechamientos o las llamadas "suertes de pinos" que se reparten entre los vecinos, en definitiva, muchos aspectos en los que las leyes estatales no entraban ahora la junta los regula segun su criterio y muchas veces sin ni siquiera consultar a los afectados. Una ley muy articulada que dice bien claro quien gestiona el monte.



Desde la Coordinadora de Montes Vecinales lo tienen claro. Su presidencia ha manifestado que «alguien tiene que decir a estos señores que el monte tiene dueño, que somos los vecinos, y que lo que están intentando plantear se encontrará con la oposición frontal de muchas generaciones de serranos y pinariegos. No admitimos privatizaciones encubiertas de la madera, ni de las setas, la caza o cualquier otro recurso renovable o no renovable que han sido mantenidos durante siglos por los habitantes de estas tierras para ahora venir a disponer de ellos la administración vallisoletana sin pedir permiso».

Curioso paralelismo entre las cajas de ahorro y los montes burgaleses y sorianos que, en el primer tema pretendían ser gestionadas desde una provincia que no tiene entidades bancarias y en el segundo van a ser administrados desde la única provincia española que no tiene montaña. ¿Quien cuidará de los montes de la junta?